Resumen: Beneficiaria de prestación de desempleo impugna la resolución que archiva por desistimiento la solicitud de capitalización, al no haber aportado en el plazo conferido el poder acreditativo de la representación alegada. La instancia desestima la demanda. La Sala de lo Social revoca la decisión del Juzgado y retrotrae las actuaciones administrativas al momento en que se acredita su representación ante el servicio catalán de empleo para que se tramite la solicitud, argumentando que, el servicio catalán de empleo tiene legitimación pasiva para ser demandado en el procedimiento, al ser el competente para la gestión de la prestación previamente a su eventual reconocimiento por el SPEE, y, aunque la asesoría que, actuando en representación del beneficiario, al aportar la documentación requerida para justificar la inversión realizada, no adjuntó poder de representación, la misma puede acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, habiendo admitido implícitamente la Administración destinataria en la previa comunicación con el remitente dicha representación, con lo que, su posterior actuación vulneró el principio de confianza legítima.
Resumen: Impugna la empresa demandante la sanción administrativa impuesta al considerar que no ha vulnerado el DF de Huelga (por la via del esquirolaje interno); y lo hace a través de un recurso que solo se admite a los limitados efectos de examinar si se ha producido una falta esencial del procedimiento, sin entrar en el resto de motivos (de fondo) alegados en razón a la cuantía litigiosa y en aplicación al caso de una consolidada doctrina jurisprudencial respecto al umbral de recurribilidad. Fundamenta la parte su censura jurídico-formal en una supuesta insuficiencia de hechos probados y de motivación, al haberse limitado la sentencia a reproducir los hechos contenidos en el acta de infracción, y en su fundamentación jurídica a referirse, con carácter genérico, a la doctrina sobre la presunción de veracidad de las mismas. Tras aludir a los principios informadores de la nulidad de actuaciones en singular referencia a su carácter extraordinario se advierte que sólo podrá ésta producirse por insuficiencia del relato fáctico cuando la resolución no haya reflejado todos los relevantes en el debate procesal; recordando que basta con una motivación suficiente para entender satisfecho el Derecho a la Defensa. Pautas de enjuiciamiento que llevan a rechazar ambos alegatos de nulidad al recogerse un relato de hechos probados suficiente a efectos litigiosos; y haberse valorado de forma motivada la prueba testifical sobre la que éste se sustenta.
Resumen: La demandante ha estado dada de alta como empleada de hogar en distintos periodos a partir del 1 de octubre de 1976 y de manera continuada de 1 de julio de 2012 a 15 de septiembre de 2021; se inscribió como demandante de empleo el 13 de octubre de 2021 y no rechazó ofertas de empleo. El 24 de octubre de 2023 solicitó subsidio de desempleo. La normativa estatal no permite el acceso al subsidio por no cumplir los requisitos de cotización y situación legal de desempleo, pero en aplicación de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre y la sentencia del TJUE dictó la sentencia de 24/2/2022 C-389/2020, se estima que la exclusión de la demandante del acceso al subsidio por desempleo para mayores de 52 años bajo el argumento de que no cumple el requisito de previa cotización por esa contingencia, supone perpetuar la desprotección que es consecuencia de la discriminación que supuso la exclusión de los empleados de hogar del régimen de desempleo que, a su vez, fue consecuencia del desconocimiento por el legislador nacional del Derecho de la Unión, lo que lleva a reconocer el derecho.
